Jueces de apelación se inclinan por restablecer las normas de Carolina del Norte sobre la píldora abortiva

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, en Richmond, Virginia, escuchó el miércoles los argumentos de un caso que podría permitir a Carolina del Norte restablecer normas presenciales para la píldora abortiva mifepristona.

El caso, presentado por la doctora de Carolina del Norte Amy Bryant, impugna una ley estatal que dice que los medicamentos abortivos solo pueden ser recetados por médicos, solo en persona, y que las pacientes deben programar citas de seguimiento presenciales. Legisladores estatales republicanos apelaron ante el Cuarto Circuito después de que un tribunal inferior bloqueó partes de la ley.

La disputa por la primacía federal

La jueza de distrito Catherine Eagles, en Greensboro, dictaminó en 2024 que las normas federales tienen primacía sobre los requisitos estatales de entrega en persona. La Administración de Alimentos y Medicamentos había fijado las reglas de entrega de la mifepristona, y en 2023 la agencia derogó requisitos federales similares de presencia física. Eagles razonó que, como las reglas de la FDA cubren expresamente la entrega en persona, el estado no podía restablecer su propia versión.

El juez Julius Richardson rechazó con fuerza esa lógica durante la audiencia del miércoles. Dijo que la conclusión choca con el fallo de la Corte Suprema de 2022 en Dobbs v. Jackson Women's Health, que anuló Roe v. Wade y devolvió la regulación del aborto a los estados y a sus votantes. Richardson, nombrado por el presidente Donald Trump, preguntó si se supone que la falta de acción de la FDA debe prevalecer sobre Dobbs y sobre la decisión de devolver la regulación del aborto al pueblo. Planteó la pregunta al procurador general de Carolina del Norte, Nick Brod, que argumentó en nombre del estado y del fiscal general demócrata Jeff Jackson.

Bloomberg Law informó que Richardson también citó un fallo de 2025 de otro panel del Cuarto Circuito, en un caso de Virginia Occidental, que trató las normas federales sobre medicamentos como un piso y no como un techo, y dejó a los estados libres de fijar requisitos de seguridad más estrictos. Law360 informó que un juez del panel cuestionó con dureza al abogado de Bryant, citando esa misma línea de casos.

Lo que está en juego

El miércoles no hubo fallo. El panel dejó el caso en estudio.

Si el tribunal de apelaciones restablece las normas de Carolina del Norte, otros estados podrían leer el fallo como una luz verde para escribir sus propias condiciones sobre la píldora abortiva, incluidas normas que impidan a los proveedores recetarla por telemedicina, informó Reuters. La eliminación en 2023 del requisito federal de entrega en persona ya está impugnada en demandas separadas de estados liderados por republicanos, de modo que el caso de Carolina del Norte es una de varias disputas abiertas sobre quién fija las condiciones del medicamento, el regulador federal o los estados.

Para las pacientes de Carolina del Norte, la pregunta práctica es si una receta podrá volver a exigir dos visitas presenciales, una para recibir el medicamento de un médico y otra de seguimiento, o si se mantiene el marco federal actual.

El camino hasta aquí

Los legisladores de Carolina del Norte escribieron los requisitos presenciales en la ley estatal como parte de sus normas sobre el aborto posteriores a Dobbs. Bryant demandó, con el argumento de que la FDA ya había decidido qué condiciones de seguridad necesita el medicamento. El tribunal de distrito le dio la razón en las reglas de entrega en 2024. Los líderes legislativos republicanos llevaron la apelación, con el argumento de que el silencio de una agencia federal no debe borrar una ley estatal de seguridad.

El Cuarto Circuito abarca Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y su fallo vinculará a los tribunales de esos estados.

Fuentes

Cobertura de Reuters y Bloomberg Law sobre la audiencia del 28 de octubre de 2026, enlazada en la lista de fuentes de este artículo. Law360 también cubrió la audiencia.