Una jueza en Boston bloquea la norma que recortaba a 10 días el plazo de los refugiados para defender su estatus

Una jueza federal en Boston bloqueó temporalmente el martes que la administración Trump ponga en vigor una norma que recortaría de 30 días a 10 días el tiempo que tienen los refugiados para impugnar una decisión de poner fin a su estatus legal.

La jueza federal Julia Kobick emitió una orden que mantiene la norma en pausa hasta el 6 de noviembre. La norma fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos el 14 de octubre. Kobick dijo que la norma debía pausarse para preservar el estado actual de las cosas hasta que un colega pudiera conocer el caso, según Reuters.

Qué bloquea la orden

La orden impide al gobierno implementar o aplicar la norma del 14 de octubre hasta el 6 de noviembre. También impide a los funcionarios aplicar las notificaciones de terminación emitidas bajo el plazo reducido de 10 días entre el 14 y el 27 de octubre, y poner fin al estatus de refugiado de una persona porque no respondió a una de esas notificaciones a tiempo.

Democracy Forward, que representa a los demandantes, dijo que el tribunal actuó para preservar el estado actual de las cosas y evitar un daño irreparable mientras considera una solicitud de suspensión más prolongada. Erez Reuveni, abogado de los demandantes en Democracy Forward, dijo a Reuters que la decisión "brinda una protección significativa a las personas que ya enfrentaban notificaciones de terminación".

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la agencia de inmigración, no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. El departamento había estimado que la nueva norma afectaría a hasta 186.000 refugiados.

Una protección vigente durante 45 años, reducida a 10 días

Antes del 14 de octubre, un refugiado que recibía una notificación de intención de terminación tenía 30 días para responder con pruebas o una solicitud de audiencia. Las organizaciones demandantes dicen que esa protección llevaba vigente 45 años. La nueva norma redujo el plazo a 10 días y entró en vigor el mismo día en que fue emitida.

La norma se aplica cuando la agencia decide que una persona no era refugiada según la ley en el momento en que fue admitida en Estados Unidos. Perder el estatus de refugiado puede dar lugar a un proceso de deportación.

La demanda

Organizaciones de refugiados, de defensa y de servicios, junto con cuatro refugiados a título individual, presentaron una demanda colectiva el lunes, un día antes de la resolución. El caso es PANA et al. v. Edlow et al., presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts.

Entre los demandantes están Partnership for the Advancement of New Americans, Jewish Family Service of Western Massachusetts, International Institute of New England, African Communities Together, HIAS y Refugee Council USA. Los cuatro demandantes individuales proceden de Afganistán, Etiopía, Colombia e Irak, según Democracy Forward y el International Refugee Assistance Project, que también representa a los demandantes.

La demanda impugna además otras dos políticas: una congelación indefinida de las solicitudes de tarjeta de residencia presentadas por refugiados y un programa que somete a los refugiados admitidos legalmente a una nueva ronda de verificación.

En una declaración conjunta, los demandantes y sus abogados dijeron que la decisión "brinda una protección crítica a los refugiados que ya han soportado persecución y han pasado por una verificación exhaustiva para construir vidas seguras en Estados Unidos", y que nadie debería enfrentar la pérdida de su estatus legal "sin una oportunidad real de defenderse".

Qué sigue

El plazo de respuesta de 30 días se mantiene vigente mientras la pausa se extiende hasta el 6 de noviembre. El tribunal evalúa si concede una suspensión más prolongada, que mantendría la norma bloqueada mientras la demanda sigue su curso.

Fuentes

Reuters y Democracy Forward, 27 de octubre de 2026.