El pleno del Quinto Circuito respalda la detención obligatoria de Trump y dice que no hay derecho a una audiencia de fianza

El pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos respaldó el viernes la política de detención obligatoria de no ciudadanos del gobierno de Trump y decidió, por 10 a 7, que el debido proceso constitucional no da derecho a tres hombres migrantes a audiencias de fianza en el tribunal de inmigración. La decisión en pleno anuló las órdenes de tribunales de distrito que habían liberado a los hombres y revocó una decisión de un panel que había exigido audiencias.

Lo que sostuvo la mayoría

El juez Cory Wilson escribió la opinión mayoritaria, con el apoyo de ocho colegas, y la jueza Priscilla Richman coincidió con el resultado. Wilson escribió que los peticionarios, al no haber sido admitidos legalmente en el país, no tienen derecho a un proceso adicional sobre su admisión más allá de lo que el Congreso previó en la sección 1225 de la ley de inmigración. Escribió que si un detenido es peligroso o presenta riesgo de fuga es irrelevante bajo esa sección, porque la ley no hace depender la liberación de esos factores, y que la duración de su detención no presentaba un problema constitucional que exigiera su liberación. Wilson también escribió que los no ciudadanos pueden salir de la detención en cualquier momento si aceptan salir del país.

"Controlar la inmigración ilegal es, sin duda, un tema importante y controvertido de política pública", dijo la mayoría. "Pero la Constitución confía la amplia autoridad para definir la política de inmigración, y para diseñar los procedimientos para aplicar esas decisiones, al Congreso, no a los tribunales".

Los tres hombres en el centro del caso

El caso, Sosnava Rodriguez v. Ortega, fue presentado por tres residentes de larga data que fueron detenidos tras encuentros de rutina a finales de 2025 y principios de 2026. Ignacio Sosnava Rodriguez es un ciudadano mexicano que ha vivido en Estados Unidos más de 22 años y fue detenido en el centro de detención T. Don Hutto, en Texas. Alejandro Villegas Angel es un ciudadano mexicano que vive en Estados Unidos desde 2011. El tercer peticionario es un ciudadano hondureño con un hijo ciudadano estadounidense. Jueces de distrito aceptaron sus peticiones de hábeas corpus y ordenaron su liberación. El tribunal en pleno suspendió esas órdenes y ahora las ha revocado. Los hombres están representados por el National Immigration Project, el American Immigration Council y Garza and Narvaez PLLC.

Cómo llegó el caso al pleno

Un panel del Quinto Circuito respaldó la política de detención en febrero de 2026 por motivos legales. Después, jueces de distrito empezaron a aceptar demandas de hábeas corpus por motivos de debido proceso constitucional, y un panel de tres jueces decidió en julio de 2026 que los hombres no podían estar detenidos más de 90 días sin una audiencia de fianza. El pleno anuló esa decisión del panel, escuchó la cuestión del debido proceso en pleno y falló a favor del gobierno el viernes.

Votos disidentes y reacción

Siete jueces disintieron. El juez Leslie Southwick escribió que la mayoría construyó "un muro impenetrable entre la Constitución y estos residentes de larga data". Bloomberg Law informó de que los siete disidentes fueron nombrados por presidentes demócratas o por el presidente George W. Bush.

La política de detención es una parte central del programa de deportaciones masivas del gobierno, y miles de personas están detenidas en los estados del Quinto Circuito, sobre todo en Texas y Luisiana. Bloomberg Law señaló que el Quinto Circuito es una excepción en esta política: solo otro tribunal de circuito la ha respaldado, mientras que nueve han fallado en su contra. La Corte Suprema aceptó estudiar una cuestión separada, si el sistema de detención obligatoria interpreta bien la ley.

Rebecca Cassler, abogada litigante senior del American Immigration Council que defendió el caso, dijo: "La sentencia de hoy es una afrenta a la Constitución de Estados Unidos. Si el gobierno quiere detener a alguien, tiene que explicar por qué es necesario privarle de su libertad. Y cualquier persona detenida tiene derecho a pedir a un juez que revise esa detención".