La Corte Suprema acepta el caso de los registros de DOGE, su segunda revisión

WASHINGTON: La Corte Suprema aceptó el martes 13 de octubre escuchar la apelación del gobierno de Trump contra la entrega de registros sobre el Department of Government Efficiency, la campaña de recortes que transformó las agencias federales en los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. Es la segunda vez que la corte interviene en la misma demanda.

El caso viene de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, conocido como CREW, un grupo de vigilancia que pidió los registros de DOGE a principios de 2025. CREW quiere saber cómo se organizó y funcionó el esfuerzo, con su organigrama y sus datos financieros. El grupo sostiene que DOGE actuó como una agencia federal, con poder real sobre presupuestos y personal, y que las agencias deben responder a las solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, o FOIA. El gobierno sostiene lo contrario. Según su versión, DOGE fue un órgano asesor del presidente dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, y los órganos asesores quedan fuera de FOIA.

Por qué importa

La sentencia fijará la línea entre asesorar y actuar dentro de la Casa Blanca. Si una unidad que asesora al presidente también puede dirigir agencias, contratar y despedir personal y cancelar programas, la corte tendrá que decir si el público puede usar FOIA para ver sus documentos. La respuesta llegará mucho más lejos que DOGE. Los gobiernos futuros diseñarán nuevas unidades de la Casa Blanca con esta decisión sobre la mesa.

El caso también pone a prueba cuánto de la agenda inicial de Trump puede examinarse todavía. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno dijo en un informe de agosto que no pudo confirmar los ahorros que DOGE anunció, y que DOGE se atribuyó ahorros que no se sostenían, entre ellos contratos de alquiler cancelados antes de que DOGE existiera. La demanda de CREW es una de las pocas herramientas que quedan para obtener los registros internos detrás de esas afirmaciones.

El contexto

Trump creó DOGE por orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo, en enero de 2025, con una agenda de 18 meses según la propia orden. El esfuerzo lo dirigió al principio Elon Musk. Se movió rápido. Entraron equipos en las agencias, la plantilla federal se redujo, algunas agencias quedaron desmanteladas en la práctica y el gasto se redirigió hacia las prioridades del presidente. El 4 de julio de 2025, DOGE anunció en redes sociales que su misión formal había terminado.

La pelea legal se movió casi igual de rápido. En abril de 2025, el juez de distrito Christopher Cooper falló a favor de CREW y ordenó tramitar la solicitud con urgencia, al concluir que DOGE probablemente contaba como agencia cubierta por FOIA. Un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia se negó a frenar esa orden. El gobierno acudió a la Corte Suprema y, en junio de 2025, la mayoría conservadora anuló parte de la orden de Cooper, al considerar que había fallado con un alcance excesivo. Los jueces señalaron la separación de poderes y dijeron que los tribunales deben mostrar deferencia antes de ordenar al poder ejecutivo entregar comunicaciones internas.

Eso no cerró el caso. Cooper dictó una orden revisada. El gobierno apeló de nuevo, con el argumento de que la orden revisada sigue exigiendo demasiada información, que la corte de apelaciones ignoró las indicaciones de la Corte Suprema y que el caso permite indebidamente que CREW tome declaración jurada a la administradora interina de DOGE, Amy Gleason. El martes, la corte aceptó la petición del gobierno, registrada como US DOGE Service v. US District Court for the District of Columbia, número 25-1103, sin dar razones y sin ordenar entregar ningún registro por ahora.

CREW dice que seguirá adelante. Su abogado principal, Nikhel Sus, dijo que el grupo seguirá buscando transparencia para el pueblo estadounidense, que merece conocer los detalles del esfuerzo por rehacer el gobierno federal.

Qué sigue

Se espera que la corte escuche los argumentos y falle antes de fin de junio. Hasta entonces, los registros siguen cerrados. Si gana CREW, los registros de DOGE del primer año del segundo mandato de Trump tendrán que tramitarse y publicarse, con solo las exenciones normales de FOIA. Si gana el gobierno, las unidades de la Casa Blanca construidas como DOGE tendrán un escudo fuerte contra las solicitudes de registros.