El acceso a internet es un derecho fundamental también para los niños, dictamina el Tribunal Supremo de la India

El Tribunal Supremo de la India ha establecido que el acceso a internet y su uso son un derecho fundamental de toda persona, incluidos los niños, y que una prohibición total de que los menores estén en línea no es una forma legal de protegerlos.

Un tribunal de los jueces JB Pardiwala y K Vinod Chandran dictó la orden el 15 de octubre en el caso Just Rights for Children Alliance y otro contra S. Harish y otros. El caso lo presentó la organización sin fines de lucro Just Rights for Children Alliance, que afirmó que las empresas de redes sociales y otros intermediarios seguían sin detectar y retirar el material de explotación y abuso sexual infantil, conocido como CSEAM, más de dos años después de la sentencia del tribunal de septiembre de 2024 en el mismo asunto.

Seguridad y libertad no se oponen

El tribunal basó el derecho en el artículo 21, sobre la vida y la libertad personal, leído junto con el artículo 19(1)(a), sobre la libertad de expresión. Dijo que los niños tienen los mismos derechos sea cual sea su edad, y que negarles internet por completo sería tan absurdo como decir que un niño pequeño no tiene una conciencia que merezca protección ni una palabra que merezca ser expresada. La seguridad de los niños y su libertad no se oponen, dijo el tribunal. Los niños tienen derecho a ambas.

Los jueces llamaron a internet un mercado de ideas e información. Para muchos niños de zonas apartadas, señalaron, suele ser la única fuente de aprendizaje e información, y para los niños con necesidades especiales puede ser el único lugar donde encontrar compañía de otros como ellos. El tribunal se apoyó en su sentencia de 2020 en Anuradha Bhasin contra la Unión de la India, que protegió la expresión y el comercio a través de internet, y en su sentencia de 2025 en Pragya Prasun contra la Unión de la India, que reconoció el acceso digital como un derecho fundamental bajo el artículo 21.

Una prohibición castiga a la víctima, dijo el tribunal

El tribunal aceptó que internet, tal como existe hoy, está lejos de ser seguro para los niños. Pero dijo que mantener a un niño fuera de la red porque las plataformas no detectaron y retiraron material dañino sería confundir a la víctima con el problema. Los responsables, dijo, son quienes crean, difunden, venden o buscan material de abuso, y los intermediarios que no lo retiran.

Toda restricción total del acceso de los niños es, en palabras del tribunal, nada más que medidas no probadas de una desproporción probada. Ninguna jurisdicción, señaló, ha demostrado que esas prohibiciones hagan más seguros a los niños. Las prohibiciones también pueden empujar a los niños hacia sitios sin regulación, hacer que un niño al que alguien intenta captar o amenazar en línea tema contarlo a sus padres, y exigir la comprobación de la edad de cada usuario, con la recogida constante de datos sensibles que eso implica.

Modo infantil, no prohibición

Rechazar una prohibición total no significó rechazar las protecciones. El tribunal apuntó a medidas proporcionadas: un consentimiento, una orientación y una supervisión más fuertes por parte de los padres, un modo infantil específico para las cuentas en redes sociales, cuentas privadas por defecto, límites al contacto y a los mensajes de adultos desconocidos, y una moderación más estricta de la publicidad y del contenido al que pueden llegar los niños. Sugirió que las medidas podrían aplicarse a los preadolescentes, con formas viables de verificar el consentimiento de los padres, y dejó los detalles al gobierno de la Unión. Nada en la orden impide al gobierno bloquear el acceso de los niños a categorías de contenido o servicios que son dañinos por naturaleza para ellos, como los sitios de contenido para adultos.

Una base de datos nacional contra el material de abuso

La orden también fija tareas para el gobierno y las plataformas. El Centro debe presentar una declaración jurada que explique la tecnología que usan los intermediarios para detectar y retirar CSEAM, y debe elaborar directrices para los intermediarios importantes de redes sociales sobre la comparación de huellas digitales y las listas de direcciones. El Centro debe crear una base de datos nacional de huellas y direcciones de material de abuso verificado. El material debe pasar varios niveles de revisión antes de entrar en la lista, con una evaluación final hecha de forma independiente por al menos tres analistas humanos formados. Una vez confirmado e incluido, los intermediarios deben desactivar y retirar de inmediato todo lo que coincida, sin una nueva verificación por su parte.

Las plataformas deben mostrar con claridad los datos de sus responsables de reclamaciones y hacer que denunciar sea posible en dos pasos, con responsables formados que tomen la decisión final sobre las quejas. El tribunal pidió al Centro que estudie multas elevadas por los incumplimientos, según su gravedad, su repetición y el tamaño y la facturación de la empresa, y dijo que el dinero ganado con material de abuso o prohibido vendido tras muros de pago debe ser confiscado. También ordenó que la seguridad digital y la educación sexual adecuada a la edad formen parte del plan de estudios básico, elaborado por el NCERT y los consejos estatales con ayuda de expertos, sobre el consentimiento, el contacto seguro y el inseguro, la explotación en línea y cómo denunciar abusos sin miedo. Los docentes deben recibir formación, los padres sesiones regulares de información, y las víctimas asesoramiento y apoyo psicológico gratuitos durante el tiempo que los necesiten.

El procurador general Tushar Mehta compareció por el Centro. El gobierno debe dar pasos de aplicación y presentar una declaración de avances antes de la próxima audiencia, el 10 de diciembre.

Fuentes

Live Law, Bar and Bench y Law Trend informaron de la orden y de sus directrices al completo.