Una jueza federal prohíbe las operaciones de campo de Seguridad Nacional sobre votantes en nueve estados

Una jueza federal en San Francisco bloqueó el miércoles partes de la campaña del Departamento de Seguridad Nacional contra el presunto voto de no ciudadanos, al concluir que el esfuerzo se apoya en listas de objetivos que el tribunal calificó de voluminosas y poco fiables.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín concedió una orden judicial preliminar en una demanda presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United. La orden abarca nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Entra en vigor el viernes por la tarde, lo que da tiempo a la administración para apelar, y se mantiene hasta el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

Lo que detiene la orden

La jueza prohibió a los agentes de Seguridad Nacional realizar operaciones de campo, como entrevistas en persona, para investigar a personas que el departamento sospecha que son no ciudadanos inscritos para votar, en los casos en que la persona podría ser ciudadana estadounidense. La resolución describió el programa, al que el tribunal llamó la Iniciativa Ilegal del Votante, como uno cuyos datos "son ampliamente conocidos por incluir inadvertidamente a ciudadanos estadounidenses". Eso deja a los ciudadanos con temor de que sus nombres sean incluidos por error entre los cientos de miles identificados para investigación, escribió la jueza.

Martínez-Olguín concluyó que es probable que los sindicatos de enfermeras prevalezcan en su argumento de que las operaciones violan la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar a quienes ayudan a otros a inscribirse y votar. La resolución también señaló que la administración había anunciado el despliegue de agentes armados como parte del esfuerzo.

"Esta orden es una protección seria: la política actual apunta a ciudadanos naturalizados conocidos", dijo Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, que representa a los sindicatos. "Esas operaciones están prohibidas".

Una disputa judicial más amplia por los padrones

La orden es el revés judicial más reciente para la ofensiva de la administración sobre los padrones electorales, una afirmación central en las repetidas y no probadas declaraciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto voto masivo de no ciudadanos. En julio, Seguridad Nacional dijo que revisiones preliminares habían encontrado 190.832 no ciudadanos inscritos para votar solo en California. Las cifras se referían a posibles inscripciones, no a votos emitidos, y las autoridades estatales las han cuestionado. Las autoridades de Nevada dijeron que una lista federal que comenzó con 15.903 nombres en su estado se redujo a 185 personas, y que las 185 parecían ser ciudadanas.

El 15 de octubre, el Departamento de Justicia demandó a California y pidió a un tribunal que apartara las boletas por correo de más de 20.000 votantes que funcionarios federales marcaron como probables no ciudadanos hasta que se verificara su ciudadanía. El 9 de octubre, otra jueza federal dictaminó que la política del Departamento de Justicia de recopilar los padrones estatales y cruzarlos con datos de inmigración era ilegal. Los demócratas del Senado demandaron a la administración el martes por el mismo esfuerzo de depuración, argumentando que el Congreso dejó el mantenimiento de las listas de votantes en manos de los estados.

Seguridad Nacional no había respondido públicamente al fallo del miércoles. El departamento puede apelar antes de que la orden entre en vigor el viernes.

Fuentes

CNN: Judge curbs Trump administration's hunt for noncitizen voters in some states, citing flawed data Bloomberg Law: DHS's Voter Fraud Operation Barred in Nine States Through Nov. 3 Washington Examiner: Democrats sue Trump administration over efforts to clean illegal registrants off voter rolls