Un grupo de trabajo afirma que el sistema del Congreso para denunciar acoso está hecho para silenciar al personal

Un grupo de trabajo bipartidista que revisa cómo el Congreso maneja el acoso sexual afirma que el sistema de denuncias en el Capitolio deja al personal sin saber a dónde acudir y con dudas de que alguien sea castigado, y que partes del proceso juegan en contra de quienes presentan una queja.

El grupo está dirigido por la representante Kat Cammack, republicana de Florida, y la representante Teresa Leger Fernandez, demócrata de Nuevo México. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, designaron a ambas legisladoras, que presiden los grupos de mujeres de sus partidos, tras un aumento este año de las investigaciones del Comité de Ética de la Cámara.

Lo que escuchó el grupo de trabajo

Cammack dijo que antiguos empleados se comunicaron con el grupo en cuanto comenzó el trabajo esta primavera. Salieron "de todas partes", dijo, y habían guardado silencio porque era bien sabido que hablar pondría fin a una carrera que les había costado mucho construir.

"Fueron algunas de las conversaciones más difíciles de tener", dijo Cammack. "Y las historias eran desgarradoras".

Sus conclusiones, descritas a The Associated Press, son directas. Las víctimas no tienen claro dónde pueden buscar ayuda. No confían en que haya consecuencias para el agresor. Los requisitos para denunciar pueden jugar en su contra, incluido un plazo de 180 días para presentar una reclamación tras una presunta violación.

"Es un desastre", dijo Cammack. "Todo el sistema en el Capitolio está realmente diseñado para crear un efecto disuasorio para las víctimas".

Un año de casos de ética

La revisión sigue a una serie inusual de casos. Tres legisladores renunciaron este año antes que enfrentar la posibilidad de una votación de expulsión, y dos de esos casos involucraban presunta conducta sexual indebida. En abril, el Comité de Ética comenzó a investigar al entonces representante Eric Swalwell, de California, por presunta conducta sexual indebida hacia una empleada bajo su supervisión, y Swalwell renunció poco después. El representante Tony Gonzales, de Texas, también renunció mientras el comité investigaba una presunta conducta sexual indebida hacia una empleada de su oficina. Gonzales había reconocido una relación con una empleada que después se quitó la vida.

Más recientemente, el comité recomendó censurar al representante Chuck Edwards, de Carolina del Norte, tras una investigación que concluyó que tuvo una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas. La Cámara aceptó la recomendación por 413 votos contra 2.

Otras dos investigaciones continúan. El representante Jimmy Gomez, de California, está bajo investigación por si tuvo conducta sexual indebida con una empleada de la Cámara. Gomez dijo que cooperará, subrayó que sus acciones fueron consensuadas y no violaron la ley ni las reglas de ética de la Cámara, y pidió disculpas a su familia y a sus votantes. El comité también investiga si el representante Cory Mills, de Florida, incurrió en conducta sexual indebida o violencia en citas, entre otras acusaciones. Mills ha negado las acusaciones.

Reformas sobre la mesa

El Congreso reformó sus reglas por última vez en 2018, con una ley que obligó a los legisladores a reembolsar al Tesoro los acuerdos y compensaciones en casos de acoso sexual y dio al personal acceso a un defensor dedicado para guiarlo en una reclamación ante la Oficina de Derechos Laborales del Congreso.

El grupo de trabajo quiere ir más lejos. Los legisladores ya tienen prohibidas las relaciones sexuales con el personal de sus propias oficinas o de sus comités. El grupo quiere ampliar esa prohibición a todo el personal del Congreso.

"Si buscas avanzar en tu vida amorosa en el Capitolio, estás ahí por la razón equivocada, en mi opinión", dijo Cammack, que trabajó como asesora del Congreso antes de ganar su escaño.

El grupo también quiere una forma más sencilla de denunciar. "Lo llamo una línea 911 para el acoso sexual, donde puedes hacer una llamada y enterarte de todas las opciones que una persona podría tener", dijo Leger Fernandez.

Otras ideas incluyen dar a las presuntas víctimas más tiempo para presentar una queja. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo aplica un plazo de 180 días que puede extenderse a 300 días cuando se aplica una ley estatal o local contra la discriminación. Ampliar el plazo en el Congreso significaría actualizar la Ley de Responsabilidad del Congreso, que aplica muchas leyes laborales del sector privado al Congreso, y eso requeriría el acuerdo del Senado. El grupo también estudia una mayor responsabilidad para los legisladores y el personal de alto nivel que incurra en acoso.

"El hecho de que todavía estemos tratando de insistir en que no está bien abusar o acosar sexualmente a las mujeres en 2026 es indignante, y si eres mujer, es increíblemente frustrante y triste", dijo Leger Fernandez.

Se espera que el grupo de trabajo publique sus cambios recomendados después de las elecciones del 3 de noviembre, con el objetivo de actuar antes de fin de año.

Fuentes

Información de The Associated Press y CNN, con la declaración del Comité de Ética de la Cámara sobre el caso Edwards.