Ithaca, Nueva York: la Policía Estatal se hace cargo de los casos de agresión sexual en Cornell

Las denuncias de agresión sexual en la Universidad Cornell serán investigadas ahora por la Policía del Estado de Nueva York en lugar de la policía del campus, en virtud de un acuerdo que la universidad y la policía estatal firmaron el jueves 29 de octubre. La gobernadora Kathy Hochul anunció el cambio en Ithaca, donde la universidad ha enfrentado meses de críticas por su manejo de una presunta violación en grupo en una casa de fraternidad en 2024.

Según el acuerdo, las denuncias por delitos sexuales que normalmente corresponderían a la jurisdicción de la Policía de la Universidad Cornell se remitirán a la policía estatal para su investigación penal, salvo que la persona que presenta la denuncia solicite otra opción. El acuerdo entró en vigor de inmediato y se mantendrá mientras se completa una revisión independiente del manejo de la conducta sexual inapropiada por parte de la universidad.

Qué cambia para los estudiantes que denuncian

Cornell dijo que el acuerdo no cambia el control de una sobreviviente sobre si contactar o cuándo contactar a las fuerzas del orden o presentar una denuncia penal. Una persona que decida seguir la vía penal puede elegir como agencia investigadora a la Policía Estatal, la Policía de Cornell, la Policía de Ithaca o la Oficina del Sheriff del condado de Tompkins. Los casos que lleve la Policía Estatal serán independientes de la universidad, y la Policía de Cornell ayudará a los investigadores estatales cuando se le pida, incluso conservando y entregando registros y pruebas.

El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, celebró el acuerdo. En el comunicado de la universidad dijo que está agradecido con la gobernadora Kathy Hochul y con la Policía del Estado de Nueva York por asociarse con Cornell en este importante acuerdo.

El caso detrás del cambio

El acuerdo llega después de una demanda civil presentada en septiembre de 2026 por una exestudiante identificada en los documentos judiciales solo como Jane Doe. Ella alega que, durante una visita a la casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024, miembros de la fraternidad la presionaron para consumir ketamina y la agredieron sexualmente durante varias horas mientras estaba demasiado intoxicada para consentir. La demanda nombra a siete exestudiantes. Cornell expulsó o sancionó a varios de los estudiantes implicados, pero no se presentaron cargos penales, y hasta el jueves no se había anunciado ninguno. Las alegaciones de la demanda no han sido probadas en un tribunal.

A principios de este mes, Hochul nombró a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para reabrir la investigación penal de la denuncia de Jane Doe, después de que se supo que el fiscal de distrito del condado de Tompkins había decidido no acusar a nadie sin ver la transcripción completa de su entrevista de 2024 con la policía del campus. Un comité de la junta de fideicomisarios de Cornell también designó a la ex vicefiscal general de Estados Unidos, Sally Yates, para revisar cómo respondió la universidad a las denuncias de agresión sexual.

Un campus que aún vota sobre sus dirigentes

El Senado de la Facultad está en medio de una votación de censura contra la administración central por la crisis. Unos 135 miembros del senado pueden votar desde el viernes 30 de octubre hasta el 6 de noviembre, en una votación no vinculante que declararía formalmente que el cuerpo docente no confía en la capacidad de la administración para abordar la agresión sexual en Cornell, según informó el Cornell Daily Sun.

El acuerdo con la policía estatal es la segunda vez en un mes que el estado de Nueva York asume un papel que Cornell normalmente ejerce por sí mismo, primero con la fiscal especial y ahora con investigadores externos para las denuncias futuras.